El pueblo otra vez contra el gobierno: cuarta marcha federal en defensa de la educación pública
- Unísono Digital
- 21 may
- 4 min de lectura
por Franco Banegas, Franco Milan y Gabriel Provenzal
Bajo el lema “Milei, cumplí la ley”, una nueva movilización multitudinaria en defensa de la universidad pública se realizó el pasado martes 12 de abril y volvió a dejar en claro que la educación pública de calidad sigue siendo prioridad en la agenda de gran parte de los argentinos.
De acuerdo con los organizadores, a nivel nacional se manifestaron más de un millón y medio de personas, entre las cuales se encontró Franco Banegas, el columnista de política de Apagá La Alarma.
¿Cómo llegamos a este punto?
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario se convirtió en uno de los conflictos políticos y sociales más importantes de la Argentina durante el gobierno de Javier Milei. El enfrentamiento comenzó tras la decisión oficial de prorrogar el presupuesto 2023 para el ejercicio 2024, en un contexto de inflación récord. Las universidades nacionales denunciaron rápidamente que funcionaban con partidas desactualizadas mientras aumentaban los costos de servicios, mantenimiento y salarios. Rectores, gremios y estudiantes advirtieron que el sistema universitario público atravesaba una situación crítica y reclamaron una actualización urgente de fondos.
El primer gran punto de inflexión ocurrió el 23 de abril de 2024 con la Marcha Federal Universitaria, una de las movilizaciones más masivas contra el ajuste impulsado por el Gobierno. Miles de personas participaron en todo el país en defensa de la universidad pública, gratuita y masiva. La protesta reunió a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes y rectores, además de distintos sectores políticos y sociales. La magnitud de la convocatoria obligó al Ejecutivo a abrir negociaciones parciales sobre gastos de funcionamiento, aunque sin resolver el problema salarial ni el financiamiento estructural del sistema universitario.
En ese contexto comenzó a impulsarse en el Congreso un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario promovido por bloques opositores y respaldado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La iniciativa planteaba actualizar automáticamente las partidas según la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes, fortalecer becas y garantizar recursos para investigación y funcionamiento. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal del proyecto representaba alrededor del 0,14% del PBI, un porcentaje que sus impulsores consideraban manejable frente a la crisis del sector.
En septiembre de 2024 el Senado aprobó la ley con amplia mayoría, en lo que fue interpretado como una derrota política para el oficialismo. La norma establecía actualizaciones periódicas de las partidas universitarias mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y contemplaba aumentos salariales para trabajadores universitarios. Sin embargo, pocas semanas después, el Gobierno nacional oficializó el veto total mediante el Decreto 879/2024, argumentando que la ley ponía en riesgo el equilibrio fiscal y el objetivo de “déficit cero”.
La decisión presidencial provocó una nueva escalada del conflicto. El 2 de octubre de 2024 se realizó una segunda Marcha Federal Universitaria que volvió a reunir a cientos de miles de personas en todo el país. Para ese momento, federaciones docentes denunciaban una pérdida salarial cercana al 24% frente a la inflación acumulada desde el inicio del gobierno libertario. Las universidades advertían además sobre dificultades para sostener actividades de investigación, becas estudiantiles y programas de extensión académica.
El conflicto tuvo otro capítulo decisivo el 9 de octubre de 2024, cuando la oposición intentó en la Cámara de Diputados revertir el veto presidencial. Para insistir con la ley necesitaba reunir los dos tercios de los votos, pero el oficialismo logró sostener el veto gracias al apoyo del PRO, sectores dialoguistas y aliados provinciales. La votación fue considerada una de las principales victorias legislativas de Milei durante su primer año de gestión y consolidó la estrategia oficial de priorizar el ajuste fiscal por sobre el aumento del gasto público.
Actualmente, y luego de que los reclamos y movilizaciones continúen por más de dos años, parte del conflicto ya se encuentra judicializado y la discusión excede el plano presupuestario y enfrenta dos visiones opuestas: una mirada de país a favor de la universidad pública como herramienta de igualación social, frente a una política de reducción y abandono del Estado.
La situación de los docentes
Informes académicos y periodísticos señalaron que el presupuesto universitario sufrió una caída real superior al 30% respecto de 2023 y que los salarios docentes perdieron entre 30% y 35% de poder adquisitivo. Carlos Romero, periodista y docente de la carrera de Comunicación de la Universidad de La Matanza, brindó su opinión en entrevista Franco Banegas: “Es una parte de mi vida muy importante, gran parte de mi vida, tanto por el tiempo que llevo trabajando como docente, fue el lugar donde estudié, construí los vínculos que sostienen mi forma de ver el mundo y mi profesión en esa universidad con lo cual sin la universidad mi historia seria por completa distinta.”
El deterioro salarial impactó especialmente en los cargos de menor dedicación, donde muchos docentes comenzaron a percibir ingresos cercanos o incluso inferiores a la línea de pobreza. Varias universidades nacionales advirtieron además sobre renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener equipos de investigación y actividades académicas.
Juan Manterola, docente de historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se expresó sobre el tema en Más Barato por Docena: “Los docentes universitarios en términos salariales estamos atravesando el peor momento desde la vuelta a la democracia. La mayoría de nuestros sueldos están por debajo de la línea de pobreza, en mi caso yo tengo un sueldo de 250 mil pesos por mes, que lejos de ser la excepción, es algo generalizado. Mi sueldo está congelado hace un año y no hay paritarias”. Asimismo, exigió que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Poder Legislativo y ratificada por el Poder Judicial.
La crisis también afectó el funcionamiento general del sistema universitario. Rectorados y federaciones universitarias alertaron que la pérdida de docentes e investigadores pone en riesgo proyectos científicos, carreras estratégicas y la calidad educativa. Frente a esta situación, el reclamo salarial pasó a ocupar un lugar central dentro de las marchas federales universitarias y se convirtió en uno de los principales argumentos para exigir una nueva Ley de Financiamiento Universitario.
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